23 de juny de 2021

RAMÓN DÍAZ, 9 ANYS EN L'INFERN



Deia l'altre dia en unes declaracions el nou Conseller d'economía Marc Giró, que de seguir amb la judicialització de la política, molta gent deixaria de dedicar-s'hi per què no compensa a banda que pot ser la ruina económica amb actuacions funestes com la del Tribunal de Comptes. La justícia llança els seus noms a l'aire i la premsa dispara alegrement sobre ells, en una mena de nova modalitat de tir al colom de què, per complicar-ho tot una mica més, ni jutges ni periodistes són pròpiament culpables perquè, com la vida en aquella vella cançó italiana, aquest sinistre joc és així: no l'han inventat ells. Succeeix que es destapa un presumpte cas de corrupció, s'acusa a algú i per aquest algú comença un calvari que en el cas del socialista Ramón Díaz Alcaraz ha durat 9 anys. I amb tot el bombo i plateret que es dona la noticia de la imputació, quan hi hala rectificació de la justicia, l'absolució la noticia po no es dona o surt en un racó del diari o dels insformatius. En aquest cas, els de elplural si que han parlat abastament del cas de Ramón Díaz.

9 AÑOS EN EL INFIERNO

La justicia lanza sus nombres al aire y la prensa dispara alegremente sobre ellos, en una especia de nueva modalidad del tiro de pichón del que, para complicarlo todo un poco más, ni jueces ni periodistas son propiamente culpables porque, como la vida en aquella vieja canción italiana, este siniestro juego es así: no lo han inventado ellos. Nadie queda demasiado bien en la funesta historia del socialista Ramón Díaz Alcaraz (Sevilla, 1955): ni la justicia, que lo ha mantenido nueve años ‘empapelado’ con su casa, su coche y su nómina embargados; ni su partido, al que reprocha haberle “dado la espalda sin respetar la presunción de inocencia”; ni seguramente los propios medios de comunicación, veloces en desenfundar contra cualquier imputado procedente de la política pero demasiado remolones cuando llega la hora de limpiar nombres injusta y precipitadamente manchados.

En fecha reciente, el juez instructor de las piezas separadas del caso ERE José Ignacio Vilaplana sobreseía definitivamente las causas contra Díaz y dictaba un auto que deja sin efecto todas las medidas cautelares contra el exparlamentario, a quien la jueza Mercedes Alaya impuso en 2013 una fianza de responsabilidad civil de 2,14 millones de euros. Aquel auto de Alaya abrió las puertas del “infierno” que han sido los últimos nueve años para Díaz, convertido de la noche a la mañana en un apestado social en cuya inocencia nadie parecía creer. Tampoco el Partido Socialista en el que llevaba años militando.

Temerosa del coste electoral e insegura sobre quién de los imputados podría haber delinquido y quién no, la nomenclatura socialista renunció a defender lo que había de defendible en las ayudas sociolaborales: que, como admitió el instructor del Tribunal Supremo, la mayoría de sus beneficiarios reunían las condiciones para serlo, aunque el camino elegido para su concesión no fuera el que debió de ser.

Tal fue el silencio socialista que ni la dirección del partido puso siquiera en valor el hecho de que, mucho tiempo después de estallar el escándalo judicial y de ser procesados una veintena de altos cargos de la Junta, más de 6.000 trabajadores siguieran cobrando –incluso con el nuevo Gobierno de PP y Cs– unas ayudas que la justicia tipificaba como malversación de fondos públicos. Hay que andar muy puesto en derecho penal, administrativo o presupuestario para entenderlo. Esa es una de las muchas paradojas de la macrocausa de los ERE, poblada de imputados y condenados por malversación de fondos que jamás gestionaron un solo euro ni podían materialmente saber que quienes sí los gestionaban pudieran estar cometiendo tal delito.

De hecho, y por poner solo un ejemplo, de aplicar la justicia con más asiduidad argumentos como el utilizado por la Audiencia de Sevilla para condenar a al expresidente Manuel Chaves, de quien según el tribunal era “inimaginable” que no supiera lo que estaba pasando, José María Aznar y Mariano Rajoy habrían sido imputados, procesados y condenados hace mucho tiempo en las diferentes causas que investigan el sistema de cloacas del Partido Popular. 

Ahora, cada vez que tiene ocasión, como la que le ofreció días atrás Jorge Muñoz en Diario de Sevilla o esta semana Salomón Hachuel en la cadena SER, Ramón Díaz recuerda el párrafo de uno de los autos de la Audiencia Provincial de Sevilla donde el tribunal repite, “como en ocasiones anteriores”, que Ramón Díaz “no tenía ningún poder decisorio en la tramitación de las ayudas” que otorgaba la Dirección General de Empleo.

“Una humillación larvada” - Este es el resumen del relato que el exparlamentario por Sevilla hacía el viernes en Radio Sevilla: “Quiero justicia y reparación. Después de nueve años he vuelto a recuperar mi vida, que se convirtió en un absoluto infierno. Mi trayectoria política desapareció de un plumazo. Durante estos años no he vivido asustado, pero sí en una humillación larvada, sesgada".

"Mi partido me ha dado la espalda, en conjunto suele dársela a las personas sin respetar la presunción de inocencia. He hablado con Juan Espadas y me dicho que va a reparar esta injusticia y que lo va a hacer bien”.

“La mayor parte del dinero invertido de la partida presupuestaria 31L para las ayudas sociolaborales fue entre comillas defraudado o malversado, está en 6.000 trabajadores prejubilados que a día de hoy siguen cobrando todos los meses las prestaciones”.

“Cuando me llama la señora Alaya, me acojo a mi derecho a no declarar porque quería que quedase perfectamente acreditado lo que yo decía, es decir, grabado en un vídeo-audio que luego se trasladaba las parte. Pero con la jueza Alaya nunca se grababan las declaraciones. ¿Con la jueza Bolaños? Sí, con la jueza Bolaños sí”.

El tiro de pichón - Recién salido del infierno judicial, a Díaz le ahora le toca penar en el purgatorio de la vida civil, donde deberá emplearse a fondo para limpiar su nombre y borrar de la memoria colectiva de amigos y compañeros el estigma de una culpabilidad que nunca existió. La provisionalidad de la imputación de Díaz ha durado nueve años: nada que dure ese tiempo puede ser provisional ni tener efectos transitorios. Del régimen de Franco se decía que era “transitorio”, y duró 40 años.

La convergencia de una larga instrucción judicial con la publicidad dada a tales diligencias previas en los medios de comunicación –rara vez escrupulosos con la presunción de inocencia cuando se trata de políticos– resulta letal para quienes se ven cogidos entre los dos fuegos.

La justicia lanza sus nombres al aire y la prensa dispara alegremente sobre ellos, en una especia de nueva modalidad del tiro de pichón del que, para complicarlo todo un poco más, ni jueces ni periodistas son propiamente culpables porque, como la vida en aquella vieja canción italiana, este siniestro juego es así: no lo han inventado ellos. - elplural.com


  


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1 comentari:

  1. Y hablando de esto...me gustaría saber cuánta gente hay cobrando sueldos, prestaciones, pensiones, regalías, dividendos y sueldos de la política, directa o indirectamente, empezando por el exrey y la egregia griega y acabando por el nieto del último ex de no se qué de Jaén.

    Deben ser miles, pero miles ¡¡¡¡¡¡¡

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