Y son personas con algunas características en común.
Al igual que lo fue Ábalos, Ana Millán es la responsable de organización de un partido. Su número tres.Pero las similitudes se acaban aquí. Porque Ábalos fue el número tres de Pedro Sánchez. Pero Ana Millán es la número tres de Isabel Díaz Ayuso: su vicesecretaria de organización. Lo sigue siendo hoy, a pesar de sus presuntos delitos de corrupción. A diferencia de Abalos, Ana Millán, no está en el grupo mixto ni ha sido expulsada por su partido. Más bien al contrario: fue incluida en las listas electorales y ascendida a vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid tras su imputación.
Es verdad que Ábalos fue ministro, y uno de los más conocidos. Pero, ¿Koldo? ¿O Tito Berni? ¿Por qué los presuntos corruptos de la izquierda son famosos y alguien como Ana Millán es casi anónima? ¿Por qué la mayoría de los medios –en elDiario.es llevamos años escribiendo sobre ella– han ignorado este caso de corrupción?. La respuesta a esta pregunta la explica bien nuestro compañero José Precedo, en un artículo que publicamos ayer y que, si aún no lo has hecho, te recomiendo leer. Es el doble rasero con el que la prensa conservadora trata los asuntos que tienen que ver con Isabel Díaz Ayuso. Y el poder que esta prensa tiene para fijar los grandes temas de conversación.
Pero volvamos a Ana Millán, que hay mucho que contar. Todo pasó en Arroyomolinos, un municipio al suroeste de Madrid de unos 35.000 habitantes, a unos 40 minutos en coche de la capital. En 2015, Ciudadanos ganó las elecciones municipales. Y tras su victoria descubrieron a varias personas del anterior equipo de gobierno, del PP, intentando sacar del Ayuntamiento de Arroyomolinos tres bolsas de basura con documentos de la Concejalía de Juventud. Entre esos papeles que el PP quería destruir había correos electrónicos sobre adjudicaciones a Waiter Music: una de las empresas implicadas en la trama Púnica. Su dueño, José Luis Huertas, organizaba mítines al PP de Madrid por los que no cobraba, pero después se llevaba un montón de adjudicaciones de los ayuntamientos gobernados por el PP. Ya sabes: el mismo sistema que el PP también usó con la Gürtel para financiar ilegalmente sus campañas electorales.
Los concejales de Ciudadanos de Arroyomolinos enviaron buena parte de esa documentación a la Audiencia Nacional. Al juzgado central número 6, que era el que llevaba el caso Púnica. Pero durante años su denuncia fue ignorada. En 2020, José Luis Huertas murió. Y para cuando la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción analizaron esos papeles, y los contratos de Waiter Music, los presuntos delitos ya estaban prescritos.
¿Y quién fue en esos años la concejala de Juventud de Arroyomolinos que había aprobado esas adjudicaciones? En efecto: Ana Millán. Las adjudicaciones a Waiter Music estaban prescritas, pero la Guardia Civil descubrió un nuevo hueso que roer: la sospechosa relación entre Millán y otro empresario, Francisco Roselló. Con estos nuevos datos, Anticorrupción pidió seguir la investigación. En aquellos años, el responsable del central 6 de la Audiencia Nacional era Manuel García Castellón. Fue este omnipresente juez, a instancias de Anticorrupción, quien primero aseguró que había indicios de delito en la actuación de Ana Millán. Pero en el mismo auto García Castellón ordenó sacar el caso de la Audiencia Nacional, al considerar que no era de su competencia. Lo derivó a un juzgado ordinario: el de Navalcarnero, que es donde está la sede del partido judicial al que pertenece Arroyomolinos. Ana Millán se convirtió así en investigada por la Justicia. Dio un poco igual. En aquel momento, ya era la alcaldesa de Arroyomolinos. Y lo siguió siendo; nadie en el PP forzó su dimisión. La investigación avanzó a trompicones. Por ese juzgado ordinario –que lleva todo tipo de pleitos y no cuenta con los medios de la Audiencia Nacional– pasaron varios jueces, que después pidieron otro destino. Pero gracias al trabajo de la Guardia Civil, algunos detalles muy feos empezaron a aflorar.
Durante los años en los que Millán fue concejala de Juventud, el empresario en cuestión –Francisco Roselló– se llevó más de 660.000 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, según la Guardia Civil, Ana Millán cobraba de ese empresario. Roselló le pagó unos 40.000 euros a través de un extraño contrato de alquiler. Roselló alquilaba un ático propiedad de Ana Millán en Arroyomolinos por el que abonaba un precio muy superior al de mercado. No era siquiera para él. Allí vivía un empleado suyo, que estaba realquilado. Ese empleado, el verdadero inquilino, pagaba a Roselló la mitad de lo que después éste abonaba a Millán. Con este método, tan elaborado, Millán –entonces una joven treintañera– se llevaba un extra cada mes.
Según Millán, el sobreprecio en el alquiler era porque incluía también una opción a compra. La Guardia Civil no se cree esta excusa. La realidad es que esa compra nunca se produjo. Además, el empresario Roselló contrató a la hermana de Ana Millán. Y además Ana Millán ingresó en sus cuentas 52.950 euros en efectivo entre 2008 y 2017. Según la Guardia Civil, los principales ingresos coinciden con los años de las adjudicaciones a las empresas de Roselló. Y este dinero en billetes es al margen de lo que cobraba por el supuesto alquiler.
No es un gran pelotazo; la Concejalía de Juventud de una ciudad pequeña no da para mucho más. No es tampoco una minucia. Entre Ana Millán, su hermana y su novio, recibieron cerca de 180.000 euros de Francisco Roselló durante los años en los que este empresario se llevó 660.000 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Y esta cifra no incluye ese dinero en efectivo que también investiga la Justicia. Pero lo más relevante de esta historia es la reacción del PP. La carrera política de Ana Millán no se ha visto perjudicada por esta investigación judicial. Ha sido justo al revés. En 2019 se convirtió en alcaldesa de Arroyomolinos. En 2022, Isabel Díaz Ayuso la nombró vicesecretaria de Organización del PP de Madrid: número tres del partido. Y en 2023, cuando ya estaba imputada, Ayuso la incluyó en las listas. Desde mayo de 2023 es diputada autonómica, y también vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. No solo la ha defendido Ayuso. También el PP nacional. Según Borja Semper, su caso es una “imputación administrativa”. Y eso que hablamos de cuatro supuestos delitos de corrupción. Como máxima responsable de Organización del PP de Madrid, en 2023, Ana Millán se ocupó también de entrevistar a los principales candidatos del partido a esas últimas municipales y autonómicas, para garantizar que no hubiera entre ellos ningún corrupto. Al parecer, no había nadie mejor para este trabajo en el PP de Madrid que una imputada por corrupción.
Un dato importante: Ana Millán es amiga de Isabel Díaz Ayuso. Ambas se conocen desde que militaban en las Nuevas Generaciones del PP de Madrid. Ambas trabajaron juntas en el equipo de comunicación de Esperanza Aguirre, en esos años en los que Ayuso –entre otras grandes responsabilidades– llevaba la cuenta en Twitter de Pecas, el perro de la lideresa Aguirre. Tal vez por eso Ayuso ha cerrado filas con Ana Millán. Tal vez por eso la incluyó en sus listas para la Asamblea de Madrid cuando ya estaba imputada. Gracias a Ayuso, Millán hoy está aforada. Lidia Prado, la jueza de Navalcarnero que llevó la investigación, lo tiene claro: hay “indicios sólidos” de corrupción. Pero como Millán está aforada como diputada autonómica, esta jueza decidió en junio inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, devolvió la causa a la jueza Lidia Prado. Le exige que siga investigando y prepare una exposición razonada, no simplemente que se inhiba. Casi cada semana, la oposición en Madrid critica a Ayuso por mantener a una persona investigada por corrupción como vicepresidenta de la Asamblea. Y casi cada semana, Ayuso defiende a Ana Millán. “Pronto van a tener que pedirle disculpas”, asegura. Está convencida de que todo este caso judicial se archivará. Y es posible que acabe siendo así. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la derecha juega en casa. Los magistrados de este tribunal han sido nombrados a medias entre la Asamblea de Madrid –donde la derecha mantiene la mayoría desde hace décadas– y el Consejo General del Poder Judicial –que la derecha ha dominado 20 de los últimos 25 años, gracias a los sucesivos bloqueos a su renovación–. Es casi imposible encontrar algún juez progresista entre todos los que componen este tribunal.
Te propongo otro juego, para terminar. Ahora que ya sabes quién es Ana Millán, a ver cuántas veces oyes hablar sobre ella en la mayoría de los medios de comunicación. Me apuesto algo: solo saldrá una noticia sobre su investigación judicial en algunas tertulias o en la portada de algunos medios si la número tres de Ayuso deja de estar imputada. En caso contrario, seguro que no". Lo dejo aquí por hoy.